Análisis de la regulación fue analizado en el boletín mensual de la consultora, en que se mencionan iniciativas que no han entregado certezas a los actores de la industria.
“Creemos que ha llegado la hora de que “el río vuelva a su cauce”, donde las soluciones de política pública impulsen un mercado transparente y competitivo y el Estado asuma los costos de las decisiones políticas que toma, sin distorsiones”.
Así lo señala el análisis de Valgesta Energía, publicado en el boletín mensual de la consultora, donde se sostiene la necesidad de avanzar en este tema “con un diálogo técnico, real, transparente, en que todos los actores se vean involucrados, y donde los argumentos técnicos se concilien con las necesidades políticas y sociales, de tal manera que el “sello chileno” de seriedad y certeza regulatoria vuelva a ser la marca de Chile en materia energética”.
Cambios regulatorios
Según la consultora, en los últimos dos año el ambiente regulatorio se ha visto afectado por “múltiples cambios regulatorios, que han traspasado las fronteras que la Constitución y las leyes permiten, junto con distanciarse de los principios de la buena regulación. Si bien es cierto que el contexto político, sanitario, social y económico ha obligado al Estado a adoptar medidas de emergencia, las políticas públicas deberían responder a principios que permitan sortear el presente sin hipotecar el futuro”.
Entre los aspectos que menciona el análisis de Valgesta está el tema de los medidores inteligentes y el mecanismo de estabilización de precios de la energía para evitar alzas en la tarifas eléctricas.
“De la misma manera, pero ahora por “resolución exenta”, la CNE decidió congelar la tarifa de transmisión, sin contar con facultades para ello, lo que en la práctica implicará que durante dos años las empresas que se adjudicaron la ejecución y explotación de sistemas de transmisión, no recibirán íntegramente el valor anual que deben recibir por expreso mandato de la ley”, se indica.
A ello -agrega el documento- se suman proyectos de ley en el Congreso “que nuevamente dañan lo que a esta altura parece nuestra ‘antigua’ tradición de seriedad y certeza regulatoria”, entre los que menciona la moción parlamentaria que ordena el cierre de todas las centrales a carbón al año 2025, sin importar los efectos de ello, como tampoco los contratos que éstas tengan comprometido o el plazo que los inversionistas calcularon de vida útil y mediante la cual contrajeron obligaciones financieras”.
Finalmente, se señala la discusión sobre el proyecto de portabilidad eléctrica, precisando que “no apunta a resolver los problemas más apremiantes para los consumidores residenciales, esto es el nivel de precios de las cuentas eléctricas y la calidad del suministro. Por el contrario, la amenaza latente de dicha iniciativa es diluir los contratos de suministro licitados al punto de perder parte importante de su valor y aumentar el riesgo de procesos futuros, en caso de que la liberalización del mercado se ejecute de manera apresurada”.
