Análisis de los desafíos regulatorios publicados en el boletín mensual de la consultora, estiman que el límite de acumulación de este mecanismo podría producirse en la segunda mitad de 2022, Además, se crítica el ERE para el retiro de centrales a carbón, especialmente respecto a que el principio de flexibilidad del sistema “tenga un tratamiento dentro del mercado de la potencia”.
Cuatro son los desafíos regulatorios para el sector eléctrico durante este año identificados en el análisis mensual que realiza Valgesta Energía: la reforma de la distribución, la descarbonización de la matriz energética, la flexibilidad del sistema y la evolución de las tarifas de suministro eléctrico.
En este último tema, de acuerdo con las proyecciones de la consultora, el límite de acumulación de saldos (US$1.350 millones) Del mecanismo de estabilización de precios para clientes regulados “podría alcanzarse el segundo semestre de 2022, lo que se traduciría en un riesgo de incremento en las tarifas”.
“Asimismo, dada la necesidad de pagar la deuda generada, nuestras proyecciones indican que los clientes regulados no verán una reducción en sus cuentas, al contrario, podrían aumentar hasta el año 2027. Por ello y ante un escenario económico y social complejo, es esperable que exista una presión política importante por intervenir nuevamente las tarifas eléctricas, por lo que se requiere un esfuerzo técnico y político para ofrecer alternativas que enfrenten a tiempo y adecuadamente este escenario, fundamentalmente pensando en los consumidores más desfavorecidos”, indica el documento.
Dentro de la reforma a la distribución, se menciona al proyecto de portabilidad eléctrica, señalando que se debe tener cuidado en algunos eventuales efectos que podrían significar en en futuro un menor ritmo de inversiones y un nulo efecto en reducir los precios de los clientes residenciales, en especial los de bajo consumo.
“Creemos que se requiere una discusión más profunda sobre la necesidad de mantener un mercado de energía basado en contratos de largo plazo, lo que asegura nueva infraestructura de generación, en especial en un país que proyecta un crecimiento de la demanda en rangos entre 2% a 4% para las próximas décadas, o transitar a un modelo de comercialización de corto plazo, el que requerirá del diseño de señales de mercado que permitan asegurar nueva infraestructura”, se indica.
Descarbonización
Si bien se sostiene que se comparte la meta de descarbonización dada a conocer por las autoridades, se advierte la necesidad de que “los Ministerios de Energía y Medio Ambiente presenten una curva de abatimiento para el sector, donde se ordenen las medidas conforme su costo eficiencia, lo que permitirá a los actores públicos y privados priorizar y establecer los planes correspondientes”.
En este sentido, el proceso de cierre de centrales a carbón tiene que ser desarrollado responsablemente, de cara a la gente y con los antecedentes técnicos que garanticen al país contar con energía segura y eficiente, en los plazos que aseguren estos aspectos y con la urgencia que requiere terminar con la emisión de contaminantes locales y globales.
En esta línea, se señala que “los efectos sobre los costos marginales, seguridad de suministro y la tan necesaria flexibilidad de la operación producto de la incorporación de energías renovables variables, no han sido parte del análisis del Parlamento al momento de presentar el proyecto”.
Vinculado con la descarbonización, el análisis de la consultora indica la “necesidad urgente de entregar las señales adecuadas para contar con un sistema eléctrico flexible y eficiente”, planteando una visión crítica respecto a la figura del Estado de Reserva Estratégica (ERE): “Nos preocupa la falta de un diagnóstico claro y compartido respecto al problema que se quiere resolver, como también la falta de los objetivos que busca el cambio que se presenta. Si bien estamos de acuerdo con la necesidad de hacer un cambio que apunte a mayores eficiencias y señales correctas al mercado, estimamos que el tratamiento a la flexibilidad del sistema debe tener un desarrollo propio, con las señales adecuadas e independientes de los ajustes (mayores o menores) que requiera el mercado de la suficiencia”.
Y se sentencia: “No compartimos el principio de que la flexibilidad del sistema tenga un tratamiento dentro del mercado de la potencia, por cuanto se trata de atributos distintos para satisfacer objetivos diferentes”.
Según Valgesta, “no representa un diseño correcto de política pública, el que se presente una modificación y no se presenten los impactos, a nivel de mercado y de los agentes, que se esperan de la modificación presentada al mercado de potencia (lo que entendemos estaría en estudio). Tampoco se presenta un diseño de implementación claro, que establezca la transición del mercado vigente a las nuevas reglas, como tampoco de los plazos y capacidades que requieren las instituciones que asumirían nuevas responsabilidades, en especial el CEN.”
“Así pues, dada la enorme consecuencia que este cambio podría significar, estimamos necesario que el Ministerio ponga la pausa necesaria y establezca un método de trabajo donde se presenten las evidencias numéricas, se acepten distintas miradas y se permita construir de manera conjunta y colaborativa un cambio tan relevante para nuestro mercado”, añade.
En sus conclusiones el boletín mensual indica que “se adopte un diálogo colaborativo y real con los distintos actores interesados, de tal manera que podamos diseñar mercados y regulaciones de clase mundial para los segmentos distribución, energía, potencia y flexibilidad, que nos permita transitar hacia un sistema eléctrico cada día más limpio, competitivo y seguro”.
