La idea es realizada bajo un análisis del proyecto de Ley presentado por el Gobierno que crea un Mecanismo de Protección a los Consumidores de electricidad.
El último boletín mensual de Valgesta Nueva Energía aborda el tema sobre el proyecto de ley presentado por el Gobierno, que crea un fondo de estabilización y emergencia energética y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad para clientes sometidos a regulación de precios, que se encuentra actualmente en trámite en el Parlamento.
El análisis considera « que ya que no se protege verdaderamente a los consumidores; no resuelve el problema real de pago de las cuentas al que se enfrentan cientos de miles de familias; y no contribuye a desarrollar un mercado eléctrico sano y competitivo».
A juicio de ellos, hay varios aspectos que les parecen inadecuados, ya que no protege verdaderamente a los consumidores; no resuelve el problema real de pago de las cuentas al que se enfrentan cientos de miles de familias; y no contribuye a desarrollar un mercado eléctrico sano y competitivo.
“Para un 30% de las familias chilenas es imposible pagar la “cuenta de la luz” o es muy difícil hacerlo y que este problema no se soluciona con el PEC2 dado que el problema estructural seguirá existiendo” señalan desde Valgesta en su último boletín.
¿Políticas Públicas con fondos públicos o privados?
Para la empresa el objetivo político de mantener las cuentas eléctricas protegidas de alzas considerables lo comparten plenamente. Sin perjuicio de ello, “creemos que las políticas públicas deben financiarse con fondos públicos. En este sentido, no vemos una justificación razonable para que se expropie el derecho de recibir el precio ofertado y adjudicado a generadores que han participado en licitaciones internacionales, competitivas y que son la base de la transformación energética que el país está viviendo», se detalla en el documento.
Agregan en éste que «La modificación por la ley de una cláusula esencial de los contratos de suministro es una señal de falta de protección política y jurídica a contratos que son claves para que inversionistas privados construyan la nueva infraestructura de suministro eléctrico limpio, que viabilice el cierre de las plantas a carbón”.
Propuesta
Para profundizar más aún, en el Boletín Valgesta Nueva Energía de junio de 2022, se exhibe una propuesta concreta para enfrentar el problema que se intenta resolver con este proyecto de ley, sin que afecte a los consumidores ni al desarrollo del mercado de generación y la transición energética.
A juicio de Valgesta el Estado de Chile debiese contar con un instrumento que apoye a las familias vulnerables, con un subsidio a la cuenta eléctrica equivalente al subsidio actual de agua potable. Su costo se estima en 100 MUSD anuales (comparar este valor con los USD 1.500 millones del MEPCO que se acaba de aprobar) y podrá beneficiar a 800 mil familias chilenas. Esto se podría traducir en que la cuenta de la electricidad podría bajar en promedio en torno al 35% para aquellas familias que realmente lo necesitan.
Según el análisis de la consultora,« un subsidio bien diseñado, acotado a un consumo máximo para evitar el mal uso de la energía, focalizado en quienes lo requieren, el que incluso podría progresivamente transformarse de un subsidio a la cuenta, en un subsidio a la instalación de sistemas de generación residencial individual o colectiva, que reduzca el valor de la cuenta final y sea parte de la transición energética hacia un sistema más limpio, es una política pública que debe discutirse hoy, más allá de las soluciones coyunturales que implican la estabilización de la tarifa».
De la misma manera, dado que el tipo de cambio es uno de los principales factores que afecta las tarifas eléctricas, se debiese considerar, tal como lo hacen los agentes expuestos a las fluctuaciones de la divisa, la posibilidad de incorporar un seguro de cambio forward, opciones u otro instrumento disponible en el mercado de seguros o financiero, que permita definir un nivel de dólar de manera anual o en un periodo de tiempo determinado. Este instrumento podría ser financiado por el Estado o los propios clientes regulados, y podría mitigar sustantivamente alzas futuras, sin que deba acumularse una deuda del tamaño que podría generarse con el proyecto de ley.
«De esta manera, si se encuentran protegidas las familias más vulnerables, se cuenta con instrumentos que mitigan el riesgo del tipo de cambio a futuro y el Estado asume una estabilización transitoria que absorba el PEC 1 y permita traspasar de manera paulatina la realidad de los precios de la electricidad, podríamos contar con una solución permanente para el problema estructural de la cuenta eléctrica, que no impliquen distorsiones en el mercado eléctrico, sobre costos a los consumidores y proteja efectivamente a quiénes lo requieran de manera real», se plantea desde la consultora.
Revista Electricidad, 16 de junio de 2022
