De acuerdo con estimaciones de la consultora Valgesta, liderada por Andrés Romero y Ramón Galaz, serían cerca de 600 mil los clientes que recibirían el beneficio. Sin embargo, en caso que la autoridad opte por distribuir el cobro entre cargos de la tarificación, las cuentas de clientes regulados subirían entre 0,4% y 0,5%.
Una pregunta ronda entre los actores del sector eléctrico desde que, el pasado jueves, el Presidente Gabriel Boric anunciara que el gobierno eliminará, por la vía administrativa, el recargo para los clientes que superan el límite de invierno ¿Quién pagará el costo y a cuánto asciende dicho monto?
Si bien es una consulta que las autoridades del sector han abordado señalando que el cobro será distribuido entre todos los clientes regulados del sistema eléctrico, hasta el momento se desconocían las cifras que permitan dimensionar el impacto de dicha medida.
Ante la solicitud de Pulso, desde la consultora Valgesta, liderada por el exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero y el exconsultor del Banco Mundial, Ramón Galaz, pusieron números a esta discusión.
Según respondió Galaz, gerente general de la consultora, del total de clientes regulados, que en total son cerca de 6,6 millones de clientes, “un 97% tiene tarifa BT1, que es la tarifa que está sujeta a la tarifa de invierno y que a su vez, representan el 48% del consumo de energía total de clientes regulados”.
El análisis desde Valgesta apunta a que, dentro de dicho grupo de clientes “un 9,4% de ellos tendría un consumo superior a 430 kWh/mes en los meses de invierno, que es el valor del límite de consumo para definir quiénes deben pagar la tarifa de invierno. Es decir, son cerca de 600.000 clientes los que potencialmente podrían recibir el beneficio del no pago de la tarifa de invierno”.
De acuerdo con las estimaciones realizadas por el ingeniero civil industrial, el costo asociado al ahorro que verían los clientes en sus cuentas “estaría en el rango entre $9.300 millones y $12.000 millones en total al año”.
Con ello, el gerente general de Valgesta pudo estimar en cuánto se traduciría la decisión de distribuir dicho costo entre todos los clientes del sistema eléctrico afectos, incorporando ajustes en otros componentes del decreto tarifario.
“Considerando que este ahorro debe ser pagado por alguien (salvo que las empresas distribuidoras acepten ellas asumir dicho costo), y asumiendo que esto se debiera incluir en las siguientes fijaciones tarifarias, esto implicaría aumentar la tarifa de clientes regulados entre 0,4% y 0,5%”, especificó Galaz.
Los reparos por la medida
Desde que la propuesta venía siendo empujada por un grupo de parlamentarios, diversas voces del sector eléctrico habían apuntado a que el efecto de eliminar la tarifa de invierno sería regresivo. Incluso el propio ministro Diego Pardow lo veía de esa manera, pero su visión cambió luego que equipos técnicos de la diputada Karol Cariola, principal promotora de la iniciativa, sostuvieran reuniones con su jefe de gabinete, Luis Emilio Díaz, así como con los equipos del ministro de Economía, Nicolás Grau, de la secretaria general de gobierno, Camila Vallejo.
Desde Systep, consultora del sector eléctrico que existe desde 1989, su gerente general Rodrigo Jiménez, reconoció que si bien originalmente el límite de invierno tenía como propósito desincentivar el uso de electricidad durante los períodos de mayor estrés, dicho objetivo ya no estaba siendo eficiente.
“Dadas las transformaciones en los hábitos de consumo y la disponibilidad de energía eléctrica, este mecanismo ha perdido su efectividad y ya no cumple su propósito inicial”, señaló.
Con todo, se suma a quienes ven una regresividad en eliminar dicha herramienta.
“La eliminación del límite de invierno beneficiará principalmente a los clientes regulados de mayor consumo con opción tarifaria BT1, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los clientes residenciales de altos ingresos. Por otro lado, aquellos clientes con un bajo consumo de electricidad deberían ver un aumento en sus boletas, aunque serán marginales”, comenta.
Por eso, en su visión “si bien es comprensible la necesidad de adaptar las políticas energéticas a los cambios en los patrones de consumo y a la disponibilidad de energía, es importante considerar el impacto social y económico de dichas medidas”.
“Sería deseable implementar soluciones que promuevan la eficiencia energética y fomenten la equidad. Más allá de la eliminación del límite de invierno y la estabilización de tarifas, los esfuerzos del gobierno deberían estar concentrados en brindar asistencia financiera a las pymes y a los hogares de bajos ingresos, junto con ampliar el acceso a programas de eficiencia energética”, agregó Jiménez
Pulso, 5 de junio de 2023
