Según la consultora, además es necesario considerar una focalización más precisa del beneficio, ya que dentro del 40% de hogares más vulnerables “existen diversas realidades para apoyar”.
Este lunes, el Ministerio de Energía anunció una propuesta general destinada a aumentar la cobertura del subsidio eléctrico a las familias vulnerables y reducir el costo de la energía de los clientes regulados.
Así, la iniciativa, que se plasmará en un proyecto de ley, busca triplicar el número de hogares beneficiados por el subsidio, de manera de entregarlo a la totalidad del 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH), es decir más de 4,7 millones de viviendas; aumentar el monto del subsidio para aquellos hogares beneficiarios que pertenezcan a sistemas medianos (Aysén, Magallanes y Los Lagos), y establecer un subsidio adicional para hogares en que habiten personas electrodependientes, equivalente a 150 kW/h al mes.
Para el financiamiento de estas medidas se requerirían unos US$300 a US$350 millones adicionales a los US$120 millones ya contemplados en el subsidio, para lo cual se propone recaudar los fondos necesarios mediante tres vías: aumento temporal al impuesto al carbono; aporte fiscal con cargo a la recaudación adicional de IVA que estará asociada al alza de tarifas de electricidad, e incremento temporal del cargo adicional del Cargo por Servicio Público correspondiente a los mayores consumidores industriales (sobre 5.000 kWh).
La entrega del subsidio se materializará a través de un descuento mensual o cada dos meses en las cuentas de electricidad de los beneficiarios, que se hará efectivo en 2024, 2025 y 2026. Pero según la propuesta del gobierno, la entrega del beneficio se ampliará en un año, con una disminución gradual, permitiendo que durante 2027 exista una ayuda a las familias que lo necesiten y sea a la vez un año de transición hasta la disminución del cargo MPC.
En Valgesta concordaron con la necesidad de atender la situación del segmento de consumidores en situación más desventajosa. “Tenemos la convicción de que la normalización de las tarifas eléctricas era urgente y necesaria; señalamos que el impacto del alza es muy significativo para las familias, por lo que el gobierno debería ampliar la cantidad de recursos destinadas al subsidio, tanto para beneficiar a más familias como también para reducir el impacto del alza en las familias vulnerables”, afirmaron desde la consultora.
En este sentido, los expertos estiman que el anuncio del gobierno “va en una vía correcta, enfocando la solución al problema político en fortalecer el subsidio y desechar otras opciones”.
“Prácticamente imposible de retirar el beneficio”
Sin embargo, a la vez advirtieron que aunque se plantee como transitorio hasta 2027, “la realidad de los países al incorporar subsidios a la energía es que es prácticamente imposible de retirar el beneficio una vez se cumple el plazo determinado. La presión política por mantenerlos probablemente hará que el gobierno de cualquier color político lo mantenga”.
De esta manera, los consultores si bien comparten la idea de que la pobreza energética debe ser apoyada mediante este tipo de instrumentos, resaltaron que “estos deben diseñarse con carácter permanente y solo hasta un nivel determinado de consumo, por lo que se debe considerar una focalización más precisa en cuanto al beneficio, ya que dentro del 40% de hogares más vulnerables existen diversas realidades para apoyar”.
En tal sentido, sugirieron que podría profundizarse el apoyo a las familias de acuerdo con los distintos tramos que existen. “Así, una familia del primer decil podría recibir un apoyo que le permita de manera efectiva reducir la tarifa real que se debe traspasar para un consumo estimado de una familia de cuatro personas (en torno a 150 kWh/mes); y una familia del cuarto decil recibir un subsidio que le permita reducir el alza de la tarifa, para un nivel de consumo inferior”, argumentaron.
Dado lo anterior, agregaron que sería conveniente que el gobierno pueda entregar la información de forma pública sobre distintas alternativas de focalización del apoyo y recursos que se requieren, “de tal modo que se pueda adoptar una decisión de carácter permanente y con claridad para las familias”.
IVA
Con respecto a la vía de financiamiento que establece aportes fiscales con cargo a la recaudación adicional de IVA, asociada al alza de tarifas de electricidad, en Valgesta estiman que si se considera toda el alza de tarifas hasta el primer semestre de 2025, el fisco recaudaría entre US$400 a US$450 millones anuales por este concepto.
“Así, este solo componente podría financiar íntegramente la propuesta presentada por el gobierno. Sin embargo, entendemos que la recaudación asociada al alza tarifaria impactará otros bienes que son parte de la base imponible y, por lo mismo, no toda la recaudación de IVA asociada al alza tarifaria debiese ser considerada como fuente de financiamiento del subsidio, sino solo una parte de ella”, advirtieron.
En ese contexto, plantearon que una manera más simple de aportar una solución es considerar la recaudación asociada específicamente al pago de la deuda PEC-MPC ya acumulada, toda vez que este monto es un adicional a la tarifa normal. “De acuerdo con nuestros cálculos, esto significaría una recaudación en torno a los US$140 millones. En cualquier caso, es necesario conocer de forma detallada los cálculos que está realizando el gobierno, para estimar por qué se requeriría de otras fuentes de financiamiento”, argumentaron desde la consultora.
Revistaei.cl, 4 de julio de 2024
