Informe regulatorio preparado por la consultora señala que este monto considera los costos financieros de los congelamientos de precios, más los recursos del aporte fiscal que se busca para bajar tarifas eléctricas.
Valgesta Nueva Energía publicó la primera parte de un Informe Regulatorio sobre el proyecto de ley que busca ampliar el financiamiento y la cobertura del subsidio eléctrico, para atenuar las alzas de tarifas, producto del descongelamiento de precios, lo que considera un cobro al sector de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).
De acuerdo con el documento de la consultora, esta iniciativa legal adolece de problemas de constitucionalidad, desde el punto de vista jurídico, además de presentar problemas ténico-regulatorios en su diseño, razón por la cual planteala inconveniencia de esta medida para la industria eléctrica: «habiendo desarrollado un negocio lícito, bajo las reglas que el Estado de Chile ha definido para participar en el mercado de generación eléctrica, gravar al sector con más de USD 1.100 millones en cargas o tributos de esta naturaleza por decisiones ajenas a las empresas generadoras, resulta injusto, desproporcionado y expropiatorio respecto de las legítimas utilidades esperadas por los agentes que corrieron los riesgos inherentes del negocio y que no esperaban que decisiones políticas tendrán que ser asumidas con su patrimonio».
Este monto considera los costos financieros de los congelamientos de las layes PEC I y II, además de los US$700 millones de recursos pensados para el subsidio eléctrico.
«Desde un punto de vista de diseño de mercado y señal regulatoria futura, este tipo de diseños genera un alto grado de riesgo y por tanto un desincentivo a la inversión en nueva capacidad de generación, especialmente cuando se mira hacia el futuro. En efecto, dado el carácter de servicio público que tiene el suministro eléctrico, las tarifas finales sobre los consumidores siempre serán un tema sensible desde el punto de vista político», señala el informe.
Según Valgesta, es posible que se reduszca el nivel de comperencia en el mercado de la generación, por la salida de actores frente al impacto del proyecto de ley, lo que provocaría un mayor grado de concentración, junto con la internalización «de primas asociadas a este riesgo político que implicarán aumentos en los precios futuros de clientes libres y regulados».
También se indica que el proyecto de ley no tiene simulaciones para estimar las simulaciones de las fuentes de financiamiento que se proponen, señalando que el sector eléctrico opera con variables que van fluctuando en el tiempo, como el precio de los combustibles, condiciones hidrológicas y los costos del sistema.
«De la misma manera, si producto de esta nueva regulación una parte de los proyectos PMG y PMGD cayera en insolvencia producto del impacto asociado a esta política pública, los “aportantes” al cargo se reducirían por lo que nuevamente se postergaría la compensación para los retiros del sistema», agrega el análisis.
Es así como en las conclusiones del informe se afirma que existe un «potencial vacío» respecto de la sostenibilidad del financiamiento, «si no se dan los supuestos que utilizó el Gobierno para calcular el aporte de las fuentes de financiamiento para poder cumplir con el subsidio que regula el PdL».
Electromineria, 25 de septiembre de 2024
