Esto fue parte de la exposición dada por el director ejecutivo de la consultora, Ramón Galaz, en la Comisión de Minería y Energía del Senado, en torno al proyecto de ley que amplía el subdsidio eléctrico, donde también criticó la iniciativa de la bolsa pyme.
Una serie de críticas al proyecto de ley que pretende ampliar el subsidio eléctrico realizó el director ejecutivo de Valgesta Nueva Energía, Ramón Galaz, en la Comisión de Minería y Energía del Senado, donde planteó que el cargo FET que busca aplicarse a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) «actúa como un impuesto encubierto que afecta los derechos de los pequeños generadores, violando principios de no confiscatoriedad y no afectación establecidos en la Constitución».
Por ello, sostuvo que «si el ejecutivo estima que existe una sobre renta en el segmento PMGD, esto debiese ser solucionado mediante mecanismos de mercado y no distorsionadores».
La idea de crear la llamada bolsa pyme también fue criticada, pues «diluye contratos regulados existentes, lo cuales surgieron producto de un proceso de licitación competitivo impulsado por el Estado. Esto rompe nuevamente el esquema de licitaciones de suministro, el que ha sido el motor para las inversiones de generación en Chile», añadiendo que «es altamente probable que después de las leyes de congelamiento de precios y medidas como la bolsa Pyme, las próximas licitaciones tengan escasa competencia y los precios aumenten a los clientes regulados por el riesgo regulatorio asociado».
También expuso que el techo anual de 500 GWh que se propone parar adjudicar a PMGD «resulta insuficiente para cubrir la demanda de beneficiarios objetivo».
Añadió que además se generar un distorsión de mercado e ineficiencia, por cuanto los «ingresos que legítimamente son de las empresas afectadas, se traspasan a otras empresas generadoras competidoras, por una decisión legal posterior».
Multas
Galaz también abordó el tema de las multas que se contemplan cobrar por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para destinarse al financiamiento del subsidio, asegurando que esto provocará incentivos perversos para el fiscalizador y pérdida de imparcialidad.
«Cuando el organismo que aplica las multas tiene en consideración que los fondos recaudados son para programas sociales, existe el riesgo de que se convierta en juez y parte, inclinándose a sancionar de forma
desproporcionada para beneficiar los objetivos políticos. Esto colisiona con el derecho al debido proceso y a un juicio justo (Art. 19, N° 3 de la Constitución), ya que la imparcialidad del organismo queda comprometida», indicó.
«En consecuencia, existe el incentivo perverso a que mientras más multas, se genera una mayor recaudación para financiar políticas sociales en energía», agregó.
Electromineria, 22 de enero de 2025
